El reloj avanza y la resistencia de los usuarios mantiene en jaque el registro obligatorio de líneas móviles impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). A solo 30 días de que concluya el plazo legal para vincular los números telefónicos a los datos personales, más del 50% de la población que conoce la medida ha decidido no registrarse debido a una profunda desconfianza sobre el manejo, resguardo y privacidad de su información.

De acuerdo con datos de la firma de consultoría The CIU (The Competitive Intelligence Unit), el panorama es crítico. De las más de 144.5 millones de líneas activas en el país, apenas 51.9 millones han cumplido con el trámite. Esto significa que 92.6 millones de teléfonos celulares están en riesgo inminente de ser suspendidos, un escenario que los analistas califican como un peligro latente para la estabilidad digital y económica de México.

Falta de información y un fuerte golpe al mercado

El problema no es únicamente el temor a la filtración de datos; también existe una grave brecha informativa que las empresas y las autoridades no han logrado resolver:

• Brecha de conocimiento: Fernando Esquivel, director de Investigación de Mercados en The CIU, reveló que el 40% de los usuarios en México ni siquiera sabe que tiene la obligación de registrar su línea.
• Freno comercial: Las altas de nuevos chips (SIM) sufrieron una desaceleración drástica. En un trimestre promedio se vendían cerca de 20 millones de líneas nuevas, pero ante la exigencia del registro, la cifra cayó a apenas 14 millones. Operators como Telcel, AT&T, Movistar y BAIT son los principales afectados en sus ingresos comerciales.

Efecto dominó: El riesgo de una parálisis digital

Ernesto Piedras, director general de The CIU, advirtió que las consecuencias de desconectar casi 100 millones de números telefónicos no se limitarán a la pérdida de señal o llamadas. El impacto será sistémico y golpeará de forma directa la economía diaria, afectando servicios esenciales que dependen de la verificación móvil, tales como:

• Banca móvil y FinTech (recepción de tokens de seguridad para transferencias).
• Aplicaciones de transporte de pasajeros y reparto (Uber, Didi, Rappi).
• Comercio electrónico (E-commerce) y acceso a plataformas institucionales o de entretenimiento.

A menos de cuatro semanas de que venza el plazo, la industria y los expertos urgen a la CRT a flexibilizar la medida o implementar campañas de ciberseguridad masivas para evitar un apagón digital de magnitudes inéditas.